La clase obrera uruguaya ha comenzado a manifestar, a través de diversos reclamos y movilizaciones, su impaciencia ante la política fondomonetarista del gobierno de centroizquierda.
El 30 de junio se realizó un paro general parcial convocado por la central sindical, PIT-CNT. Algunos gremios de la enseñanza hicieron huelga por 24 horas. El paro general fue una expresión -muy deformada- de la tendencia de sectores de la clase obrera a una lucha reivindicativa.
La dirección del PIT-CNT declaró una y mil veces que el paro general “no era contra el gobierno”, sino “contra los empresarios reaccionarios”, ocultando que es el gobierno quien fija las miserables “pautas” en los consejos de salarios, quien decreta un ajuste miserable para los estatales, quien mantiene la privatización del agua e impulsa nuevas privatizaciones (Ancap), y quien impulsa las “inversiones” de Botnia y Ence (celulosa). Es el mismo gobierno que firmó el acuerdo más entreguista con el FMI de las últimas décadas, ya que es el que asegura el superávit primario y el pago de intereses y amortizaciones más alto, comparado con los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle.
La política de la burocracia sindical del PIT-CNT conduce al aislamiento y la atomización de las luchas, en función de “no hacer olas” contra el “gobierno progresista”. Se borraron olímpicamente de la movilización por el agua (e intentan imponer una “tregua” con el gobierno, pese a que sigue vigente el decretazo privatizador); algunos incluso apoyan abiertamente la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos (como los sindicatos metalúrgico y de la construcción), y a duras penas balbucean alguna crítica al pacto entreguista con el FMI.
El paro general fue, es cierto, un “saludo a la bandera”. Se trató de una medida aislada, sin continuidad, ya que no pretendía arrancar ninguna plataforma reivindicativa. Sin embargo, lo importante es por qué fue necesario, a cuatro meses de iniciado el gobierno centroizquierdista, “saludar a la bandera”. Es que ha comenzado un proceso reivindicativo y una incipiente tendencia a la movilización, que se expresa, en menor o mayor medida, en los distintos sectores obreros.
Luchas salariales
Esta tendencia se expresa mejor en las luchas parciales que recorren a los sectores más explotados y hasta ahora desorganizados, que han comenzado a forjar sindicatos, a ocupar los centros de trabajo y a luchar para terminar con las tercerizaciones y la precarización laboral.
También los médicos de Salud Pública realizan una huelga de 24 horas, en reclamo de un salario mínimo de 12.000 pesos (unos 480 dólares). Unos 2.000 médicos ganan en promedio 4.000 pesos mensuales.
Los sindicatos estatales rechazan el miserable “ajuste” salarial de 2,7%, repudian el acuerdo con el FMI, reclaman que cesen las privatizaciones, y algunos hasta denuncian que “Alfie (el ministro de Economía del gobierno colorado) no se fue”, ya que Astori continúa su política económica. Al mismo tiempo, las direcciones sindicales no impulsan un plan de movilización, argumentando que corren el riesgo de “quedar aislados” frente a la población. En particular, el Panes (un plan dictado por el Banco Mundial similar al “Jefes y Jefas” de Argentina, y al “Fome Cero” de Brasil) es utilizado abiertamente contra los trabajadores estatales, ya que éste sería “prioritario” frente a los salarios públicos -pero no frente al pago de la deuda externa-. El gobierno habla de “redistribuir la riqueza” (diciendo que primero hay que crearla, y para ello dar “seguridad” y “tranquilidad” a los “inversores”), pero en realidad su política consiste en ‘redistribuir la pobreza’, ya que los salarios deben seguir siendo postergados en función de financiar un miserable plan de 1.360 pesos mensuales para una fracción de los desocupados (el 80% de los desempleados quedará fuera del plan de emergencia).
Piquetes de los desocupados
Por otra parte, aunque los desocupados no pueden hacer paro, se están comenzando a movilizar espontáneamente reclamando con cortes de ruta y manifestaciones por la demora del gobierno en entregar las partidas a más de 100.000 personas que están anotadas pero no reciben un peso.
En los últimos días se han extendido como reguero de pólvora los piquetes reclamando la llegada inmediata del Panes, tanto en los distintos barrios de Montevideo como en algunas localidades del interior del país (como en Rincón de la Bolsa, en San José).
Por ejemplo, el 8 de julio se realizó un corte de ruta en Camino Lecocq y Servidumbre, en el norte montevideano. Los desocupados declararon a la prensa: “la inmensa mayoría del barrio votó por el Frente Amplio para ver si había un cambio, y no cambió nada, estamos igual que con los blancos o los colorados, y es triste decirlo porque votamos por un cambio”. A la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, secretaria general del Partido Comunista, le reclamaron “que se acerque más a la gente y no tanto a la patronal con la que come en esos almuerzos donde se come opíparamente, mientras la gente en estos barrios la pasamos muy mal” (tomado de la radio frenteamplista CX36, 8/7).
