La burguesía francesa llevó a Nicolás Sarkozy a la presidencia con un mandato claro: una política de guerra social contra las masas trabajadoras y de salvataje del capitalismo francés. La crisis del pulpo que fabrica los Airbus domina las preocupaciones del capital galo.
En las primeras semanas de gobierno, Sarkozy se mostró ‘hiperactivo’ en el cumplimiento de su mandato.
Hizo aprobar una ley contra las huelgas (“servicio mínimo”) en el transporte público. Eliminó las cargas sociales sobre las horas extras (más allá de las 35 horas semanales), lo que producirá un alargamiento de la jornada (y hasta una incitación al fraude laboral, ya que los aumentos salariales podrán presentarse como horas extras). Anunció que sólo se contratará un empleado estatal por cada dos que se jubilen. Impuso una ley de ‘autonomía universitaria’ que favorece la arancelización y la privatización de la educación superior. Liquidó la gratuidad de la salud pública (mediante el establecimiento de aranceles por consulta y recetas). Impuso una ‘reforma fiscal’ que establece un gigantesco regalo, estimado en casi 20.000 millones de dólares, a las grandes fortunas (reducción del impuesto a las sucesiones y donaciones; reducción del pago máximo de impuestos directos del 60 al 50% de los ingresos) y fomenta la especulación financiera (deducción del impuesto a la renta de los intereses hipotecarios durante los cinco primeros años).
En el plano internacional, realizó una serie de giras por Africa donde anudó importantes negocios para la gran industria francesa: contratos de ventas de armas a Libia; contratos para la instalación de usinas nucleares en Libia y Argelia, a cambio de la provisión por parte de esos países de gas y petróleo. Mientras Sarkozy se encontraba de vacaciones en los Estados Unidos, se informó que la petrolera francesa Total había llegado a un acuerdo con la norteamericana Chevron para la explotación de yacimientos iraquíes.
El ataque al derecho de huelga
La ley de “servicio mínimo” establece que cada trabajador deberá informar a la patronal, con 48 horas de anticipación, su decisión de adherir a una huelga; quien no lo haga será sancionado. Si la huelga dura más de una semana, se organizará una votación secreta -en la que participarán todos los empleados de la empresa, es decir, los rompehuelgas y hasta los gerentes- sobre su continuidad. La ley liquida la huelga como una resolución colectiva de la clase obrera.
Algunos comentaristas señalaron que la ley de “servicios mínimos” en el transporte público era “innecesaria” pues ya existe una reglamentación (llamada de “servicios garantizados”) que establece el mínimo de transportes que deben circular en los días de huelga; existe además un mecanismo de arbitraje obligatorio (“alarma social”) que ha logrado evitar el 90% de las huelgas en el transporte. Otros afirmaron que es irrelevante, porque sólo el 3% de las paralizaciones del transporte público en los últimos años fueron consecuencia de acciones sindicales.
Estos intentos de minimizar el alcance de la ley antihuelgas omiten lo esencial: Sarkozy pretende impedir que vuelvan a repetirse grandes movimientos de huelga, de carácter político, como el de 1995, que arruinó la reforma previsional del primer ministro derechista Juppé... y al propio gobierno. Como señala un editorialista del Financial Times (3/8), con esta ley Sarkozy se encamina a “tomar la Bastilla de los sindicatos”. Para el comentarista británico: “aunque modesta en sus especificidades, (la ley) será sísmica en sus implicancias (...) su efecto simbólico será incomparable”. Se trata de quitarles a los “sindicatos bien ubicados (transportes, energía, salud, educación)” el poder de liquidar en la calle las ‘reformas’ oficiales.
Al establecimiento de la ley antihuelga en los transportes le seguirá su aplicación en la educación. Quitándole a los sindicatos el arma esencial para enfrentar al gobierno, Sarkozy podrá pasar a ataques mayores. El principal, el ataque a los convenios colectivos.
Sin resistencia
La sanción de estas leyes pasó sin resistencia, tanto dentro como fuera del parlamento.
Dentro del parlamento, el PS se limitó a una oposición puramente formal. La derrota en las elecciones ha provocado un estallido del partido, con renuncias, fracturas y expulsiones. La cooptación de una parte de los dirigentes del PS por Sarkozy (que designó como canciller, por ejemplo, al ‘socialista’ Bernard Kourchner), agudizó la crisis del ‘socialismo’.
En la calle, siete centrales sindicales se limitaron a reunir menos de un millar de dirigentes en las puertas del parlamento unos días antes de la sanción de la ley antihuelgas.
Amenazan con grandes movilizaciones para septiembre (cuando finalice la época de vacaciones) o incluso más adelante (cuando Sarkozy ataque derechos que será necesario defender con la huelga) -un latiguillo que repiten tanto las burocracias sindicales como Lutte Ouvriere.
Europa
Donde más resistencia desataron las medidas de Sarkozy fue entre sus ‘socios’ europeos, pero no los ‘laborales’, claro. La Comisión Europea criticó abiertamente su programa fiscal de reducción de impuestos a las grandes fortunas, a la luz del enorme déficit fiscal de Francia.
El acuerdo nuclear con Libia desató las directas críticas de Alemania, ya que sus empresas fueron eliminadas de ese mercado. El secretario del ministerio alemán de relaciones exteriores acusó a Sarkozy de “actuar en directo detrimento de los intereses alemanes” (Le Monde, 29/7). Las mismas críticas despertaron los contratos de ventas de armas, en detrimento de pulpos alemanes, británicos y norteamericanos.
La derecha critica a Sarkozy
A la vista de la nula resistencia sindical y política, un importante sector de la UMP (el partido de gobierno) criticó a Sarkozy por no haber “avanzado más” con las primeras medidas. Le reprochan no haber extendido la ley antihuelgas a la educación; no haber profundizado la reforma privatista de la universidad; no haber derogado la semana laboral de 35 horas; no haber reducido todavía más el empleo estatal; no haber tomado “medidas drásticas” para reducir el enorme déficit fiscal (agravado por la reducción de impuestos a la burguesía) a costa de los trabajadores. El Financial Times y Le Monde, en respectivas notas editoriales, baten el mismo parche: los “recules” de Sarkozy (Le Monde, 2/8).
Sarkozy pretende que es el “Thatcher francés”. Si es así deberá enfrentar grandes huelgas y hasta una guerra (Malvinas). Pero la crisis en que se encuentra Bush y las divisiones en la Unión Europea anticipan que no tiene los recursos para semejante empresa. Por eso, deberá acenturar la política de cooptaciones.
Para convertirse en un “nuevo Thatcher”, a Sarkozy no le alcanza con enfrentar a la clase obrera francesa y, eventualmente, derrotarla. Deberá además enfrentar la crisis financiera que ha estallado en Estados Unidos y se extiende rápidamente a Europa. El “corralito” decretado por el banco Paribas -al suspender la cotización de sus fondos hipotecarios- pone en evidencia que la crisis ha llegado al corazón del sistema financiero francés. El espectacular déficit fiscal limita la capacidad del Estado francés de socorrer a los grupos golpeados por la crisis. Al mismo tiempo, la crisis financiera agrava las divisiones y la lucha interna de la burguesía francesa y europea.
En su intento de salvar al capitalismo francés, Sarkozy se ha encontrado con la crisis del capitalismo.
